En un contexto político y judicial tenso, una carta abierta denuncia la reciente prisión preventiva del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, como un acto de injusticia y discrecionalidad. La medida, fundamentada en el supuesto peligro de fuga y entorpecimiento de la causa, es cuestionada por considerar que el exmandatario ha estado siempre a disposición de la Justicia.
El texto pone en el centro del debate la reaparición de lo que se denomina “doctrina Irurzum”, aplicada en su momento a figuras políticas de peso, y acusa a la Justicia entrerriana de actuar de manera parcial e instrumentalizada.
La carta también señala al actual gobierno como un “títere” de los poderes económicos mundiales, con el objetivo de destruir liderazgos populares mediante métodos que abarcan desde decisiones judiciales controversiales hasta el uso de noticias falsas en medios de comunicación. Según el autor del texto, estas acciones buscan desviar la atención pública de una administración que, según sus términos, genera hambre y facilita la entrega del patrimonio nacional.
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